Los pensionados de distintas agencias del gobierno damos la alerta al país del riesgo inminente que corren nuestras pensiones y emplazamos a la legislatura para que atienda los reclamos de los jubilados, tomando en cuenta las particularidades de cada sistema de retiro.
En el caso del retiro de maestros, los jueces y el del nivel central el Gobierno dejo de hacer sus aportaciones, estrangulándolos económicamente. Finalmente fueron eliminados bajo la ley 106 de 2017. Esta ley lleva a este grupo de pensionados a cobrar sus pensiones del Fondo General, administrado por el Departamento de Hacienda de un país en quiebra, bajo el Titulo III de la Ley Promesa, administrada por la Junta de Control Fiscal.
El gobernador saliente y la legislatura actual plantean de boca que no van autorizar reducción a las pensiones. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal llegó a un acuerdo preliminar con el Comité Oficial de Retirados (COR) para recortar el 8.5% a las pensiones mayores de $1,200.00 dólares.
Estamos haciendo un llamado a todos los jubilados y jubiladas para que se unan al Frente en Defensa de las Pensiones y voten contra de este acuerdo. Exigimos a la Legislatura una enmienda a la ley 106 para que en cada año fiscal se separe la suma de 2.3 billones, (monto total de las pensiones de jueces, maestros y retirados del nivel central) para que pasen a un pote separado del resto de las obligaciones generales del gobierno. Solicitamos también mediante un proyecto de ley que ese fondo sea administrado mediante un Fideicomiso y que los miembros de su junta de directores sean elegidos por los participantes del mismo.
Solicitamos que se aumente el impuesto a las ganancias de las empresas foráneas del 4% al 10%. Todas estas medidas legislativas van dirigidas a crear un Sistema de Retiro Unificado.
En el caso de los sistemas de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el Gobierno, en crasa violación a los acuerdo ya sea por Convenio Colectivo como el caso de la AEE y/o por ley habilitadora en el caso de la UPR, sigue el mismo patrón de no cumplir con sus obligaciones contractuales. Con el tiempo que ha dejado de hacer sus aportaciones patronales a la AEE le debe 250millones y a la UPR le debe alrededor de 4 billones. Esto provoca que las administraciones de los sistemas entren en actividades administrativas de emergencias para cumplir con sus obligaciones con los pensionados, como es la venta de activos, arriesgando sus finanza y poniendo en precaria su situación económica. Mientras, crece el riesgo del pago de las pensiones de este grupo de jubilados. Ambos sistemas y sus juntas están dando sus luchas legales y denuncias públicas para que el gobierno cumpla con su responsabilidad y resolver el problema económico de estos.
Los pensionados recalcan la importancia de definir como servicios esenciales Salud, Seguridad, Educación y las Pensiones. Solo falta voluntad legislativa para que los jubilados sean considerados acreedores asegurados y sean protegidos en el grupo de los más vulnerables como establece la Ley Promesa.
Sobre la deuda, hay muchos cuestionamientos, por lo cual exigimos la auditoria de la misma antes de establecer planes de pago a los bonistas. La Legislatura tiene que asumir su responsabilidad y cumplir con su deber ministerial para atender los reclamos de los tres grupos de pensionados, los que reciben sus pensiones del Fondo General, los pensionados de la AEE y a los jubilados de la UPR. Los tres grupos de pensionados ofrecieron los mejores años de sus vidas al servicio de la patria en cada una de las agencias del gobierno. No es justo que el dinero de sus pensiones se utilice para pagar la corrupción y la deuda a los bonistas buitres.
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