La Junta Fiscal y el servilismo político dan estocada a los 11 recintos

El Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU),  Javier Córdova, expresó que la respuesta de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) al informe enviado por la Universidad de Puerto Rico es dolorosa, aunque no sorpresiva.  La agencia acreditadora lleva mucho tiempo señalando lo tardío de los informes financieros auditados que envía la UPR y amenazando en unas instancias con la congelación y en otras con la remoción de la acreditación de la UPR. Durante este tiempo la Administración de la UPR no parece haber encontrado cómo “reformar u optimizar” los procesos necesarios para que estos informes salgan a tiempo.  ¿Dónde está el problema? ¿Acaso se trata de que no tenemos una infraestructura tecnológica confiable para procesar esa información? ¿Qué pasa con los auditores que se encargan de estos procesos, cuentan con palitos? La “magia” de producir los informes auditados a tiempo parece eludir a la UPR. ¿Cómo enfrentamos esta aparente sentencia de muerte?

El presidente de la UPR, Jorge Haddock inmediatamente emitió una carta de dos párrafos calmando a las multitudes diciendo que ha impartido instrucciones a todas las rectorías en las unidades de que envíen la información que la MSCHE solicita para el 25 de enero, 2019.  El término “show cause” exige evidencia: de que la UPR tiene la estabilidad financiera para llevar a cabo los servicios educativos acreditados; sobre cómo se responderá a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal traída por la Ley PROMESA; también evidencia mediante auditorías anuales independientes de fiabilidad financiera y manejo fiscal responsable.  Más aún, la carta le da la estocada a la UPR exigiendo un plan para asegurar transferencia de estudiantes a otras instituciones si la Institución perdiera su acreditación. Términos como gerencia financiera responsable, manejo fiscal y financiamiento adecuado aparecen mencionados en la carta múltiples veces. ¿Qué evidencia adicional piensa el Presidente Haddock que podrán enviar lo/as Rectore/as a la agencia acreditadora que no hayan enviado todavía?

El problema de fondo que existe en la UPR trasciende la tardanza de presentar los informes financieros auditados. Córdova expresó que desde que se plantearon los desmedidos recortes a la UPR, la APPU ha consignado que la estrategia de seguir exprimiendo a la Institución para que responda al recorte presupuestario impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y avalado por el Gobernador no es la estrategia para “salvar” a la institución ni redunda en provecho al País. Desgraciadamente pasado/as Presidente/as Interino/as y el actual Presidente Haddock han asumido la agenda impartida por los miembros de la Junta de Gobierno designados por el Gobernador Ricardo Rosselló.  Se han enfocado con jugar a “explicar” como la UPR puede sobrevivir a un recorte de más de la mitad de su presupuesto, en vez de proteger y exigir que se respete la asignación de fondos que la ley le confiere a la UPR. Emplazamos al Gobernador de PR a que restituya los fondos a la UPR y a que se le asigne lo que dispone la ley universitaria.

La cobardía, el servilismo político partidista y la mediocridad son las causantes de la situación en que se encuentra la UPR con su acreditación.  Estos causantes tienen nombre: Walter Alomar, Presidente de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó, Vice Presidenta de la Junta de Gobierno, Jorge Haddock, Presidente de la UPR, Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, y los miembros de la Junta de Control Fiscal, como su Presidente Carrión y su Directora Ejecutiva Jaresko. ¿Cómo se sentirá saber que sus nombres serán recordados como los que llevaron a la UPR a sus peores momentos?  ¿A qué huelga le echarán la culpa ahora?