UNIDOS POR LA DOCENCIA Y POR PUERTO RICO

 

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La APPU ante la Carta de la Junta de Supervisión Fiscal – 30 agosto 2018

La Junta Fiscal, mediante carta al Gobernador del 30 de agosto de 2018 exige, las siguientes medidas:

  • Despidos de personal docente y no docente para ahorrar $28 millones este año

  • Reducir el número de estudiantes matriculados en la UPR para que se necesite menos personal

  • Reducir servicios para que se necesite menos personal

  • Aumentar más los costos de matrícula de los programas graduados

  • Eliminar las Exenciones de matrícula, excepto para los estudiantes de honor y los veteranos

  • Cese inmediato del Bono de Navidad o despedir más personal  

  • Reducir la aportación patronal al plan médico a $125 mensual (por convenio es $500)

  • Cerrar el plan de pensión definida y que TODOS los empleados pasen a contribución definida.  Según el análisis actuarial de la UPR esto liquida el Sistema Retiro UPR en 5 años.

  • Reducir las pensiones. Proponen que se tome en cuenta el ingreso del Seguro Social y que ningún beneficiario reciba menos de $1000 mensuales al sumar la pensión y el Seguro Social (nivel de pobreza según el Censo federal).

  • Crear y financiar otra oficina burocrática (Oficina de gestión de proyectos - PMO) a un costo de $10 a $20 millones para supervisar la implementación del plan fiscal y las consolidaciones académico-administrativas de programas y recintos

  • Acelerar el traslado del Centro Agrícola a Utuado

La Junta de Control Fiscal usurpa la gobernanza institucional en la UPR y más allá de reducir la asignación presupuestaria del Gobierno de Puerto Rico a la UPR pretende decidir cómo se hace, cuándo se hace y por quiénes se hace.  Su intención es achicar aún más la Universidad pública reduciendo el número de estudiantes, cesanteando a cientos de empleados docentes y no docentes, destruyendo el sistema de retiro; y quitando derechos adquiridos de los empleados.

La Junta Fiscal entra en contradicciones cuando dice que: “La Junta Fiscal reconoce el extraordinario valor y el importante papel que ha desempeñado la UPR en el desarrollo económico del país” y añade que “el gobierno debe asegurar que la UPR siga siendo un motor de crecimiento económico para la isla y brinde una educación accesible y asequible a los estudiantes de todos los orígenes, teniendo en cuenta las realidades financieras y demográficas de la isla”. Pero, le recorta los fondos asignados y pretende decidir cómo se usan haciendo caso omiso al impacto en la UPR y en el desarrollo socioeconómico del país.  

Nuevamente, la APPU hace un llamado a la Junta de Gobierno de la UPR y al nuevo presidente de la UPR que salvaguarden la permanencia de la UPR como universidad pública; y exijan al Gobierno y a la Junta Fiscal que la gobernanza académica administrativa les corresponde a los académicos de la UPR con participación real y efectiva de sus constituyentes.  

A nuestra matrícula los convocamos a proteger los programas académicos desde cada escuela, facultad y recintos. No vamos a colaborar con la destrucción de la Universidad. No vamos a acceder a reducir el número de estudiantes admitidos ni a colaborar con ningún aumento adicional en los costos de estudiar, ni a que se laceren más las condiciones de trabajo y el ambiente educativo.  El momento es de combatir y resistir en alianza con los estudiantes y los empleados no docentes por la UPR y por Puerto Rico.