La Junta de Control Fiscal y la UPR

El 18 de enero de 2017, la Junta de Control Fiscal Federal (JCFF) impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico le dirigió una carta al Gobernador Ricardo Rosselló. El objetivo de la comunicación es dejar establecidas claramente las condiciones necesarias para que ese cuerpo apruebe el Plan Fiscal que el Gobierno de Puerto Rico se ve obligado a preparar de acuerdo a la ley PROMESA. Las medidas impuestas por la JCF representan más austeridad para la mayoría de la población trabajadora, y un futuro incierto para el Sistema de la Universidad de Puerto Rico.

Ha quedado clara la agenda neoliberal que guía las decisiones económicas de la JCFF. Las medidas que se imponen corresponden a la agenda ideológica del neoliberalismo que se puede resumir en tres puntos principales:

1. La privatización de los servicios esenciales que ofrece el gobierno,
2. La reducción del Estado, y
3. La desregulación de la actividad económica y comercial

En todos los países donde se han impuesto políticas económicas fundamentadas en estos principios ha aumentado la pobreza y la desigualdad. Para Puerto Rico, la JCFF propone aumentos en la captación de impuestos, y reducciones significativas en la inversión gubernamental en la salud, la educación y en los sistemas de pensiones. Se espera que los ahorros propuestos en estos renglones lleguen a $3 mil millones de dólares anuales a partir de 2019. Estas medidas, junto a la eliminación de derechos laborales a través de la mal llamada Reforma Laboral recién aprobada, en un país en donde llevamos ya más de diez años atravesando una crisis económica muy dura, seguirán empujando al exilio económico a miles de nuestros compatriotas.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico, pretende imponer una reducción de $300 millones anuales. Para este recorte, la JCF propone principalmente que se aumente la matrícula, que se reduzca la nómina docente y no docente, y que se recorten los gastos de operación y mantenimiento. Sin embargo, $300 millones representan el 36% del presupuesto actual de la UPR ($833 millones). Esta disminución representa más del presupuesto asignado a las 8 unidades más pequeñas del Sistema UPR, que ronda los $200 millones. Para cumplir con esta reducción, aun cerrando todos estos recintos, habría que aumentar los ingresos o reducir los gastos por $100 millones más. Ya la administración Universitaria se ha visto obligada a ajustar sus gastos por la disminución del presupuesto asignado como consecuencia de la Ley 66. Se estima que la UPR dejó de recibir alrededor de $348 millones en los pasados tres años. Los ajustes se hicieron sobre los empleos, salarios y beneficios del personal no docente y, sobre todo, del personal docente.

Desde el 2009 ha habido una reducción de 900 plazas, un recorte de más de $60 millones en salarios, y un ahorro de más de $50 millones en aumentos de salarios evitados. El total de economías estimado por la Administración Universitaria llevadas a cabo a través de reducciones salariales y de beneficios a los empleados fue de alrededor de $312 millones. La soga cortó por lo más finito porque no se tocó ni con una vara larga los gastos de la burocracia de la Administración Universitaria, ni sus ayudantes especiales, ni sus asesores. El reclamo de la necesidad de una reestructuración administrativa ha caído en oídos sordos.

La reducción de $300 millones al presupuesto del Sistema UPR significaría el desmantelamiento del proyecto de educación superior pública del país. La UPR ha servido históricamente como un instrumento que desarrolla y estimula el pensamiento crítico. Desde su seno, han nacido propuestas importantes que cuestionan nuestra realidad y que proponen futuros posibles para el desarrollo de nuestra sociedad. En este momento cuando incluso los elementos más fundamentales de la democracia están siendo ignorados por la mera existencia de una Junta de Control creada por un Gobierno por el cual no votamos, y compuesta por miembros que no elegimos, el pensamiento crítico molesta. La intención de la JCFF es la domesticación de la UPR poniéndola a servir solamente las necesidades momentáneas del mercado. Se busca crear una Universidad servil a las políticas públicas de un gobierno de turno que está al servicio de los intereses ideológicos de la JCFF. Una universidad pública viva, en donde se estimule el pensamiento que cuestiona y la imaginación que transforma, es esencial para encontrar soluciones reales a la crisis que atravesamos como país y que nos afecta a todos, pero principalmente, a los trabajadores.

Es necesario forjar un frente común de toda la comunidad universitaria y del país para detener esta ofensiva neoliberal y defender nuestro derecho a vivir en una sociedad más justa e igualitaria.